Cambiar el legado kirchnerista

Por Carlos Gervasoni y Enrique Peruzzotti*

herenciaEn su discurso frente a la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri expresó la intención de inaugurar una nueva etapa política y económica en la Argentina. Más allá de los objetivos que el Presidente esbozó en el segundo tramo de su alocución, una parte importante de su mensaje estuvo dedicada al legado de las tres presidencias de los Kirchner.

El análisis de la problemática herencia es relevante no sólo para comprender algunas de las limitaciones que enfrenta el Gobierno, sino también para entender cuáles deben ser los puntos neurálgicos de un plan estratégico de gobierno. La referencia al legado no debiera servir sólo como argumento exculpatorio de las dificultades presentes sino también, fundamentalmente, para clarificar las tareas prioritarias que la sociedad argentina debe emprender a fin de promover un desarrollo socioeconómico sustentable y la mejora de la institucionalidad democrática.

Todo plan estratégico debe combinar una visión acerca del modelo de desarrollo deseable con un diagnóstico sobre la situación del país y de los problemas cuya solución debe priorizarse. Se hace imprescindible integrar y coordinar las múltiples tareas gubernamentales alrededor de objetivos compartidos sobre el país al que aspiramos. Así, por ejemplo, la eliminación de los enormes y regresivos subsidios a los servicios públicos heredados sirve al triple objetivo de disminuir el déficit fiscal, mejorar la distribución del ingreso y reducir el consumo de recursos naturales escasos y contaminantes.

En este sentido, la ausencia de una visión estratégica compartida es quizás uno de los problemas centrales que afecta a la Argentina. Esto puede sorprender a muchos, dada la centralidad que la idea de “modelo” adquirió en el relato kirchnerista. Sin embargo, son muchos los especialistas pertenecientes a diferentes disciplinas académicas y tradiciones intelectuales que coinciden en señalar la notoria ausencia de una visión estratégica coherente a lo largo de ese período. Se observan síntomas preocupantes (algunos de los cuales van incluso mucho más allá del período kirchnerista) que denotan problemas estructurales que la sociedad argentina pareciera incapaz de superar. Quizás el más saliente sea la persistencia de un Estado débil que, a pesar de ciertas islas de profesionalización, exhibe escasas capacidades político-administrativas, lo que le impide promover políticas coherentes y efectivas, que superen una visión cortoplacista y muchas veces reactiva.

En numerosas áreas relevantes las decisiones tomadas por los gobiernos de los Kirchner parecen haber sido el resultado de la improvisación (nacionalización de las AFJP), de las conveniencias políticas (la búsqueda de conflictos con actores internacionales poderosos pero impopulares), de la intención de beneficiar a empresarios “amigos” (buena parte del gasto en obra pública) o de la reacción frente a crisis o hechos inesperados (la inversión ferroviaria sólo luego de la muerte de 52 personas en la tragedia de Once). Estas intervenciones no estuvieron articuladas en una visión estratégica que ?coordinara, potenciando y retroalimentando, los diversos paquetes de política pública implementados a lo largo del período.

Así, por ejemplo, detrás del supuesto “modelo de acumulación de matriz productiva diversificada e inclusión social” hay algo de inclusión, escasa acumulación y ninguna diversificación (la estructura económica argentina es hoy tanto o más dependiente de la agricultura y la minería que en los demonizados 90). Es más, no se han fortalecido -y a veces ni siquiera creado- las típicas instituciones de regulación económica que van asociadas al “modelo” pregonado por el gobierno saliente: ni un banco de desarrollo como el brasileño, ni un ministerio de industria y comercio exterior como el japonés, ni una empresa nacional de hidrocarburos (los Kirchner mantuvieron el sector enteramente privado durante sus primeros nueve años -incluyendo la venta parcial de YPF a un grupo empresario “amigo”- y sólo en 2012 estatizaron la mitad de esa empresa, manteniendo la mayor parte de la explotación de hidrocarburos en manos privadas).

Los Kirchner ni siquiera cumplieron la ley que ordena crear el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, quizá porque tal institución habría limitado la discrecionalidad que los caracterizó.

Resumamos entonces: ha faltado un Estado profesional, eficaz y coherente, y ha faltado también una visión estratégica. Seguramente hubo en los últimos 12 años más Estado, esto es, más grande, más caro, con más empleados, con más empresas y áreas de intervención, pero con problemas de incoherencia, amateurismo, improvisación, ineficiencia, clientelismo y corrupción similares a los que ya afectaban al país antes de 2003. Y en varios rubros, es un Estado mucho peor que el anterior: no produce estadísticas honestas y rigurosas en cuestiones tan centrales para el desarrollo como la pobreza, la inflación y el crecimiento económico, y varias de sus agencias de rendición de cuentas han sido vaciadas de contenido.

Esto implica que, en los años venideros, el progreso real del país requerirá no sólo medidas correctivas de corto plazo -como “desarmar la bomba” fiscal y monetaria o regenerar el Indec-, sino también una visión estratégica de largo plazo que conduzca a un crecimiento realmente diversificado y sustentable, reduzca nuestra dependencia de los recursos naturales, desarrolle sectores productivos modernos en industria y servicios, y genere empleos formales y bien pagos para millones de argentinos. Difícilmente se obtengan estos logros sin buenas instituciones estatales de regulación macroeconómica, defensa de la competencia, promoción de la investigación y la innovación, y protección de la seguridad jurídica, los derechos de propiedad y el medio ambiente.

Néstor y Cristina Kirchner desplegaron en sus presidencias una intensa retórica pro Estado. Contaron, además, con abundantes recursos fiscales y elevados niveles de apoyo popular y legislativo. Que a pesar de esas condiciones el Estado argentino continúe sufriendo de las debilidades destacadas es aleccionador. Sería ingenuo esperar que un cambio de personal en la presidencia produzca automáticamente un esfuerzo en el sentido de construir un Estado eficaz, competente y estratégicamente inteligente. Ha habido anuncios y medidas concretas en este sentido del nuevo gobierno, pero también preocupantes síntomas de persistencia de viejos e inaceptables vicios, como el acceso privilegiado a cargos públicos de varios familiares de altos funcionarios.

Que nuestro país alcance los objetivos de desarrollo en los que fracasa desde hace décadas depende, en parte, de que tanto los dirigentes políticos (oficialistas y opositores) como los ciudadanos seamos conscientes de que se requiere mucho más que un cambio de políticas puntuales o de elencos gubernamentales. Se requieren un Estado y una estrategia.

El discurso presidencial del 1° de marzo puede significar un importante punto de partida si se persiste en convocar a una elaboración colectiva y pluralista de un plan de ruta que nos permita dejar atrás discusiones estériles y políticas improvisadas, para entrar de lleno en una nueva y más productiva etapa de nuestra vida democrática.


* Profesores del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la UTDT. Nota publicada en diario La Nación, 1/4/2016.

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