La clave es devolver a las provincias sus potestades

Por Juan J. Llach *

provinciasEste año completaremos 19 años de incumplimiento de la Constitución de 1994, que obligaba a votar una ley de coparticipación federal en 1996. Se culpa de esto a las provincias pero ningún Presidente estuvo siquiera cerca de enviar un proyecto tal al Congreso. Nunca en ese lapso se había llegado, sin embargo, a un centralismo tan creciente e intenso como el vivido desde 2003. A fuerza de DNU, poderes especiales y facultades delegadas el Poder Ejecutivo ha acentuado su papel de gran recaudador. Con rarísimas excepciones, ni provincias ni municipios se han mostrado incómodos con esto, prefiriendo dedicarse a gastar sin ser el “malo” ante los contribuyentes.

Los nuevos impuestos no coparticipados le han reportado al Estado nacional entre 2003 y 2015 cerca de 235.000 millones de dólares de los que en un régimen federal constitucional no menos de la mitad deberían haber sido de provincias y municipios. Agregando la parte de provincias del 15% de la masa coparticipable afectada ya sin fundamento a la seguridad social aquella cifra rondaría los 300.000 millones de dólares, de los que unos 150.000 deberían haber sido para las provincias. Otra faceta del inédito centralismo vigente la dan las “transferencias discrecionales” de Nación a provincias y municipios, en verdad recursos quitados primero a ellas y devueltos como si fuera por voluntad regia del príncipe nacional de turno.

Las consecuencias negativas de este sistema se manifiestan con crudeza en la política, la sociedad y la economía. La peor es la gran concentración de poder en el Ejecutivo Nacional. Provincias y gobernadores pierden la independencia, quedando sujetos al poder nacional y se agiganta también la posibilidad de cooptar al Poder Legislativo so pena de castigar financieramente a las provincias de los legisladores rebeldes. También se establecen relaciones clientelistas con los intendentes afines o candidatos a serlo, puenteando a los gobernadores. En lo social, lo que se quita a las provincias cada año es similar al total de su inversión en salud y educación, con lo que se limita el crucial desarrollo del capital humano.

También se mutila el desarrollo económico por la naturaleza de los nuevos impuestos no coparticipados. Los que gravan las exportaciones y los créditos y débitos bancarios y el impuesto inflacionario se suman en tal rol a las gabelas que provincias y municipios imponen para compensar lo que se les quita, tales como ingresos brutos en cascada o la tasa de seguridad e higiene y otros. Todo esto suma un 6,5% del PIB o 40.000 millones de dólares, que aumentan los costos o reducen los precios al productor desalentando también la inversión y las exportaciones, y es más gravoso aún por el retraso cambiario. Quedan también limitados el valor agregado in situ a las materias primas y el desarrollo local, claves para aumentar el empleo productivo calificado y un mayor equilibrio que limite la concentración poblacional en las grandes áreas metropolitanas, sobre todo en el AMBA.

Podría establecerse un Fondo de Convergencia –al estilo del de la Unión Europea- que distribuyera parte de los incrementos de la recaudación nacional para proyectos de educación y salud en las provincias o departamentos con mayores necesidades básicas insatisfechas. Un germen de esta política estuvo presente en la Ley de Financiamiento Educativo, inexplicablemente no prorrogada, y funcionó bien. Pero la clave para construir un federalismo maduro, sin embargo, es devolver a provincias y municipios las potestades tributarias que se les empezaron a quitar ya con la crisis de 1890 y a las que se ha dado el peor de los manotazos en lo que va de nuestro siglo. Ello puede hacerse sin detraer ni un peso a lo que hoy están recibiendo las provincias. Acercarse de este modo a una cabal autonomía política y económica de las provincias reduciría el riesgo de seguir bajo regímenes hegemónicos con un poder central que arrasa con las soberanías de provincias y municipios. Si algún remedio existe para reconstruir las cada vez más heridas instituciones políticas de nuestra Constitución es el ejercicio cabal del federalismo.


* Economista (IAE). Nota publicada en el Diario Clarín el 28/06/2015.

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