El sistema electoral, una clave del 2015

Por Carlos Gervasoni*

urnaLas instituciones políticas, como todo lo que nos rodea durante mucho tiempo, se naturalizan. Y lo natural tiende a parecernos legítimo. Así como en un pasado no tan distante las democracias más avanzadas consideraban “natural” excluir de las urnas a indigentes o mujeres, hoy en la Argentina naturalizamos reglas electorales controvertidas o directamente injustificables.

Un ejemplo notable es la violación del principio de “un ciudadano un voto” en la elección de nuestros legisladores nacionales. La provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 123 veces más habitantes que la de Tierra del Fuego, pero ambas eligen tres senadores. Claro, esta subordinación del principio democrático al federal es parte de nuestra Constitución, pero no deja de tener consecuencias: en la CABA y las cuatro provincias más pobladas, donde viven 2/3 de los argentinos, se eligen sólo 15 senadores y apenas 3 (el 20%) son del Frente para la Victoria; las otras 19 provincias (con sólo 1/3 de la población) están representadas por 57 senadores, de los cuales 29 (51%) son del bloque oficialista.

Mucho más problemática es la sobre-representación de las provincias chicas en la Cámara de Diputados. Allí los fueguinos tienen nueve veces más poder de voto que los bonaerenses y, en este caso, en forma inconstitucional, ya que el art. 45 de nuestra norma fundamental ordena que los diputados sean distribuidos entre las provincias en proporción a su población (instituyendo así el principio de “un ciudadano un voto”).

Increíblemente, el sustento legal del actual estado de cosas es un decreto-ley de la última dictadura militar, que asignó a las provincias pequeñas más diputados de los que le corresponden. Que el kirchnerismo, tan implacable en la condena de esa dictadura, no hable de esta cuestión es enojoso pero esperable. Es que aquí también hay consecuencias: pertenecen al FpV sólo el 38% de los diputados de los cinco grandes distritos, pero el 57% de los elegidos en las diecinueve provincias sobre-representadas.

Menos esperable es la inacción de los partidos políticos perjudicados, aquellos que como la Coalición Cívica, GEN, el PRO o el Partido Socialista, obtienen más votos en los grandes distritos. Claro, es improbable que nuestros legisladores, mayormente elegidos por los partidos beneficiados, deroguen la norma. Pero hay una obvia vía de acción política alternativa: la judicial. ¿Cómo haría un juez para privilegiar a un decreto-ley de la dictadura por sobre un artículo de la Constitución?

Otro problema electoral importante (y naturalizado) es que, contra las tendencias internacionales, nuestro país resiste el uso de la boleta única o el voto electrónico. El actual sistema implica cuartos oscuros atiborrados de boletas, lo cual es confuso para los votantes, caro para los contribuyentes e injusto para los partidos con menos recursos.

No menos naturalizado (y absolutamente indefendible) es que partes centrales del proceso electoral sean responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. La innovación clave de la democracia es la de instituir un proceso por el cual los que mandan pueden perder (electoralmente) el poder. Tal proceso, sin embargo, resulta críticamente debilitado cuando es organizado, controlado y/o financiado por el oficialismo. Que para las elecciones de 2015 el ministerio encargado de la cuestión esté encabezado por un precandidato presidencial, Florencio Randazzo, es un gravísimo despropósito adicional. No lo naturalicemos.

La reforma constitucional de 1994 abolió la sobre-representación de las provincias chicas en la elección del presidente y aminoró el sesgo pro-Justicialista del Senado (al incluir un senador por la minoría). La reforma electoral de 2009 introdujo una saludable regla de competencia interna a través de las PASO y facilitó el acceso de todos los partidos a los medios de comunicación en época de campaña.

Nos encaminamos, sin embargo, a una nueva elección presidencial y legislativa en la que el partido dominante –que controla la presidencia desde hace casi 13 años y que gobierna la mayoría de las provincias y municipios– contará con ventajas injustificables, beneficiándose de la ingeniería institucional del General Bignone y de la administración electoral del precandidato Randazzo.

Este tipo de atropellos institucionales tienden a persistir cuando una fuerza política predomina.

Los argentinos podremos aspirar a modificar los aspectos más indefendibles de nuestro sistema electoral cuando, como ocurrió en los 80 y los 90, exista algún grado de equilibrio político. Tales situaciones de paridad presentan oportunidades para la mejora institucional. No es casual que en países similares al nuestro pero con partidos de fuerza electoral comparable –como Chile y Uruguay– existan instituciones políticas de calidad notablemente superior a las argentinas.


* Socio del Club Político Argentino. Nota publicada en diario Clarín, 8/4/2015.

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