La salida debe ser negociada, pero no producto de cualquier negociación

Por Guillermo Rozenwurcel*

pipe_peaceLos efectos sobre la economía nacional de la derrota judicial sufrida ante los holdout serán sin duda negativos, tanto en el corto como en el largo plazo, cualquiera sea el desenlace de un proceso cuyo resultado final es aún imprevisible.

El aumento de la incertidumbre financiera tenderá a agudizar la restricción de divisas. Esta incertidumbre, de persistir, se reflejará en el deterioro de las condiciones financieras enfrentadas por el país. En particular, resulta muy improbable que en ese caso el gobierno pueda fondearse en los mercados internacionales- lo que haría muy difícil llegar al final de su mandato en condiciones macroeconómicas mínimamente aceptables.

La menor disponibilidad de divisas tendería a acentuar las tendencias recesivas que ya se manifiestan sobre la economía reforzando las presiones alcistas sobre el tipo de cambio oficial. Si el gobierno eligiera contener esas presiones, debería subir aún más las tasas de interés profundizando la caída de la actividad; en cambio, si decidiera aumentar el ritmo de devaluación la inflación volverá a acelerarse.

Si el gobierno se había propuesto transferirle a la futura administración todos los costos políticos de los desequilibrios económicos generados por sus propias políticas, ese objetivo luce hoy mucho más improbable.

En este contexto, sólo cabe esperar que el gobierno encuentre una salida negociada que evite un nuevo default y minimice los costos del fallo adverso. Dado que está en el interés de todos los actores involucrados alcanzar esa salida, la tarea no parece imposible. No todo depende del gobierno, pero dentro de lo que está a su alcance es crucial que reemplace su conducta zigzagueante por un curso de acción coherente. Esto requiere abandonar el relato épico para consumo interno y encarar la negociación con una estrategia definida y un equipo profesional competente.

El gobierno tiene la responsabilidad de alcanzar una solución negociada. Pero la oposición debe evitar que el gobierno la acorrale en la falsa disyuntiva de apoyar cualquier decisión que tome so pena de ser tildada de antipatria en caso de no hacerlo.

Si se considera el resultado de los acuerdos recientes alcanzados en el marco del CIADI, con el Club de París y con Repsol por el traspaso de las acciones de YPF, está claro que el cierre de esos conflictos involucró costos directos e indirectos muy superiores a los necesarios, simplemente porque se privilegiaron los intereses de corto plazo del gobierno por sobre el interés nacional presente y futuro. La mayor parte de esos costos se pagará durante los próximos gobiernos.
Sin embargo, en algunas de esas ocasiones gran parte de la oposición política apoyó al gobierno y en otras, sin llegar a ese extremo, respiró aliviada cuando éste se detuvo al borde del precipicio.

En esta oportunidad la oposición no puede ser de nuevo comparsa del gobierno. Su tarea es asegurar que lo ocurrido en esas negociaciones no se repita. Por la ciudadanía y porque están en juego las condiciones que enfrentará quien gane las elecciones.


* Economista (UNSAM, UBA y CONICET). Miembro del Club Político Argentino. Nota publicada en el Diario Clarín .

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