Salarios policiales, violencia social y saqueos: ¿qué podemos decir los economistas al respecto?

Esta nota quiere ser una invitación a nuestros colegas al envío de contribuciones que enriquezcan el análisis de los recientes episodios de saqueo y violencia social que conmocionaron al país en los últimos días.

                                                 Los editores

saqueos-cbaEl país se ha visto sacudido en estos días por alarmantes estallidos de violencia social,  derivados del conflicto salarial y la insubordinación de las fuerzas policiales iniciados en Córdoba y rápidamente imitados en al menos diecisiete provincias. Esta insólita extorsión por parte de quienes están a cargo de la seguridad pública dejó completamente desprotegidas la propiedad y la vida misma de los habitantes de numerosas ciudades. El caos subsiguiente se tradujo en innumerables saqueos y episodios de inusitada violencia que ya se cobraron varias víctimas fatales.

Además de interpelarnos como ciudadanos y de la congoja que nos provoca esta situación, estos episodios nos obligan doblemente, en tanto involucran de manera crítica a la acción (u omisión) de las políticas públicas, el tema central que motiva la existencia de este espacio de reflexión colectivo. En este sentido, queremos hacer una invitación al uso de nuestro sitio para pensar y discutir sobre las raíces y las consecuencias de estos eventos.

Tal como ha sido destacado por varios e interesantes análisis en estos días[1], el fenómeno tiene numerosas y complejas facetas que reclaman un enfoque multidisciplinario y un abordaje integral. Desde la ciencia política estos eventos han llevado, por caso, a la reflexión sobre el proceso de creciente erosión de capacidades estatales y sobre los usos de la violencia en la resolución de conflictos; la sociología ha puesto el foco en procesos de larga de data en una sociedad cada vez más fragmentada y en el creciente papel de la anomia como principio rector de la trama de interacciones ciudadanas; la reflexión de los historiadores, por su parte, ha hurgado en los orígenes de estos fenómenos y ha mirado episodios similares del pasado y en otras latitudes para iluminar el entendimiento de este penoso presente y, sobre todo, indagar sobre lo que pueda venir. Por fin, desde el derecho, es indudable que la reflexión abarcará en forma inevitable aspectos tales como la obligación constitucional de los gobernantes de asegurar vida y hacienda de los habitantes y, eventualmente, ayudará a determinar las responsabilidades que a cada uno correspondan de acuerdo a los mandatos de las normas y regulaciones vigentes.

En este variado contexto, no es poco, a nuestro juicio lo que la economía como disciplina puede también intentar decir al respecto[2]. Como señalamos en su momento “desovillar la compleja madeja de causas y motivaciones” de un hecho social de esta naturaleza no es tarea sencilla. Desde el punto de vista económico, hay múltiples cuestiones que los luctuosos episodios ponen de manifiesto. Nosotros queremos aquí resaltar, al menos dos, esperando que estas reflexiones convoquen a otros colegas a profundizar y enriquecer el análisis. Ambas cuestiones, de distintas formas, tienen que ver con la “economía política” del problema y creemos que están muy entrelazadas. La primera aparece con una inmediatez literalmente brutal, porque involucra la seguridad ciudadana, un bien público por excelencia: un gobierno provincial queda sujeto por medios extorsivos a demandas salariales cuya satisfacción se impone para restablecer el orden público y cierta paz social y no puede más que subordinar sus alicaídas finanzas a esas demandas. El fenómeno se extiende al resto de las provincias con la violencia que ya conocemos y obliga a similares respuestas de otras administraciones de provincia, en un contexto de virtual ausencia de coordinación por parte de las autoridades a cargo del estado federal. Las demandas de recomposición salarial en sí, por otro lado, están lejos de ser extravagantes porque, entre otras cosas, el conflicto revela penosamente que los salarios de las policías provinciales son bastante más que magros, y de algún modo, pone de manifiesto la valoración que implícitamente la sociedad hace de la provisión gubernamental de un bien público (la seguridad) que en esta época se ha vuelto crecientemente escaso, por decirlo suavemente. Es difícil pensar que una familia tipo pueda sostenerse con los sueldos de los escalafones más bajos de las diferentes policías provinciales y más difícil aún resulta imaginar que con esos salarios, los incentivos para un manejo razonable de la seguridad pública puedan estar bien alineados. Una cuestión que, sorprendentemente, ha estado bastante ausente en el debate público sobre la seguridad y la posible vinculación de sectores de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado y el narcotráfico.

Este fenómeno refleja además, las crecientes distorsiones que caracterizan a las deficitarias cuentas públicas. En un marco de atrasos tarifarios y subsidios no focalizados en incesante aumento y de muy elevadas y crecientes tasas de inflación, los salarios reales de la administración pública han caído fuertemente en los últimos años, pese al notable aumento del gasto público en la reciente década. No obstante, la masa salarial ha mantenido su participación en el total relativamente constante, debido al sostenido incremento de la planta de empleados, en una economía que en la última etapa ha dejado básicamente de generar ocupación en el sector privado.  El gasto en personal del conjunto de las provincias pasó de representar alrededor de 7 puntos del producto en 2004 a casi el doble en la actualidad.

El problema no puede escindirse, por cierto, de inevitables consideraciones de naturaleza distributiva. En el marco de una sociedad que se ha vuelto crecientemente desigual en las últimas décadas, la cuestión de la declinante calidad de la canasta de bienes y servicios públicos ha adquirido una importancia crítica. Es posible, de hecho, analizar el fenómeno en términos de las categorías de voice y exit, que hiciera célebres Hirschman[3] a inicios de la década del setenta: los consumidores más exigentes, los de mayor poder adquisitivo –aquellos que tienen suficiente voice en la sociedad y, sobre todo, recursos como para financiar su exit- se proveen en forma privada de la mayoría de esos bienes e ilusoriamente se desentienden en parte del problema mientras los sectores de menores recursos –aquellos con menos voice y sin poder hacer exit– quedan atrapados en el consumo de una canasta de servicios públicos de muy deficiente calidad. Este fenómeno típico en economías de bajo nivel de desarrollo, ha crecido en intensidad en nuestro país en las últimas décadas y no sólo abarca a la seguridad sino también a la salud, la educación, entre otras cuestiones esenciales. Por supuesto, en tanto se trata en muchos casos de bienes públicos por excelencia, cuya presencia genera claras externalidades positivas agregadas, no es obvio que la provisión privada de los mismos por parte de los sectores con suficiente poder adquisitivo sea un sustituto perfecto a su provisión gubernamental para amplios sectores de la población.

Hay, sin embargo, una segunda dimensión del problema que resulta bastante evidente cuando se dirige  la mirada a las consecuencias sobre la dinámica de funcionamiento macroeconómico resultantes de la interacción entre puja distributiva, dominancia fiscal e inflación. No existe afortunadamente la certeza, pero sí el riesgo creciente de que la dinámica agregada pueda deslizarse hacia un escenario más complejo. El peligro es que, impulsado por el “efecto demostración” de los aumentos salariales concedidos a los miembros de las fuerzas de seguridad, el conflicto distributivo se exacerbe y la economía ingrese en un régimen de definida dominancia de la política fiscal sobre la dinámica de la creación de dinero. Vale decir, en una situación en la que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, el gasto público –presionado por múltiples y contradictorias demandas- se vuelva “endógeno” y, perdido el control de sus finanzas, las autoridades sólo puedan recurrir al impuesto inflacionario como mecanismo de financiamiento de emergencia.

Podrá decirse que la situación descripta no dista mucho de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, cuando en el marco de una muy particular estrategia de “desendeudamiento”, el gobierno nacional ha recurrido en forma creciente a la emisión monetaria como fuente casi exclusiva de financiamiento. Sin embargo, hay una diferencia no trivial: hasta ahora, ello ocurrió mucho más por decisión y opción de las autoridades que como consecuencia de circunstancias por fuera de su control.

Por cierto, la referencia a la dominancia fiscal no deja de hacer “ruido” cuando se mira la cuestión con una perspectiva temporal y se recuerda que estos sucesos tienen lugar luego de más de diez años de bonanza económica y bajo una administración que, asociando al fisco a la inédita holgura externa de principios de siglo, ha logrado llevar la presión impositiva a niveles inéditos para Argentina.[4] No se trata entonces de un gobierno débil, que limitado en su capacidad de hacerse de recursos “genuinos” vía la tributación, termina acorralado por demandas que lo presionan en distintas “ventanillas” y no tiene más opción que recurrir al impuesto inflacionario, como sugerían Heymann y Navajas (1989) y Heymann, Navajas y Warnes (1991) para la Argentina de los 70s y 80s.  Sí, en cambio de uno que, empeñado en el impulso al gasto agregado –y aparentemente convencido de la existencia de una “ley de Say invertida”- pareció por momentos desconocer obvias restricciones de presupuesto.

Esto remite inevitablemente a la institucionalidad de las políticas fiscal y monetaria y a una flexibilidad mal entendida que dejó la puerta abierta a la discrecionalidad y la arbitrariedad como método predominante de la política económica. Un modus operandi que dañó seriamente los incentivos de los agentes y deterioró sus expectativas.

Hoy esta estrategia de política condujo a que las provincias se choquen con las presiones por el gasto, desfinanciadas y desprovistas de una institucionalidad razonable en el manejo de la coparticipación de los recursos entre nación y provincias. En ese sentido la cuestión del federalismo fiscal está también en el corazón de estos episodios.

Sin duda, las formas en que las presiones por el gasto hoy aparecen son siniestras y no  puede descartarse la presunción de que existan en estos episodios componentes de oscura inducción. Pero, como dijimos también al analizar los episodios del Parque Indoamericano, parece haber en el episodio factores “algo más fundamentales” que una intencionalidad política de surgimiento súbito. No es posible dejar de ver que la generalización de los hechos de violencia y el caos sólo son posibles si un número no trivial de ciudadanos se embarca en la aventura del saqueo. Y que eso ocurra parece hablar de una sociedad crecientemente “antimeritocrática” y fragmentada por la desigualdad, en la que el rencor social, alimentado por años de marginalidad, falta de acceso a una buena educación y corrupción en el manejo de la cosa pública, deja a una porción de la población expuesta a la criminalidad como una posible forma de supervivencia y se expresa en formas modernas que nos repelen: el hambre no es sólo de alimentos, sino también de consumos más sofisticados que otros sí pueden disfrutar. Este fenómeno es de larga data y nos interpela a todos como ciudadanos, porque es seguramente más que el legado de un eventual mal gobierno.

Las cosas han llegado demasiado lejos, es cierto. Pero, afortunadamente, todavía hay margen para evitar ingresar en una dinámica de las finanzas públicas que nos conduzca nuevamente a los territorios ya transitados de la alta inflación y el estancamiento económico. Es aún posible un viraje hacia un manejo macroeconómico consistente. Pero ello requiere en lo inmediato el sinceramiento de las estadísticas, reconocer que la inflación es un problema serio que nos aqueja e implementar políticas articuladas e integrales para reducirla. Una coordinada política de ingresos que permita corregir en forma ordenada las evidentes distorsiones de precios relativos, un manejo anticíclico de la política monetaria y la implementación de las correcciones que hoy se imponen a la inequitativa y distorsiva asignación actual del gasto público son seguramente pasos necesarios en el camino de evitar deslizarnos en el túnel del tiempo hacia un “nuevo-viejo” fracaso.

Referencias

HeymannD. y F. Navajas (1989), “Conflicto Distributivo y Déficit Fiscal: Notas sobre la experiencia Argentina”, Desarrollo Económico, vol. 29, pp.309-29.

HeymannD., F. Navajas e I. Warnes, (1991). “Conflicto Distributivo y Déficit Fiscal: Algunos Juegos Inflacionarios”, El Trimestre Económico. N°229, Enero-Marzo.

Hirschman, A. O (1970). “Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States”, HarvardUniversity Press, Cambridge, Massachusets.


[1] Algunos de estos artículos acompañan a la presente nota. Es nuestra intención continuar en las próximas semanas nuevas contribuciones sobre el tema.

[2] Curiosa (y tristemente) la primera contribución que hemos publicado en nuestro sitio surgió de otra conmoción pública igualmente vinculada a episodios de violencia social ocurridos hace casi exactamente tres años: los acontecimientos del Parque Indomaericano y las subsiguientes ocupaciones de tierras.

[3] Véase Hischmann (1970).

[4] Veáse Navajas (2012)

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