A paso firme, estamos destruyendo el Estado

Por Vicente Palermo*

ballAchicar el Estado es agrandar la Nación, rezaba una sentencia tristemente célebre que estábamos obligados a escuchar durante la última dictadura. Hoy día, cuando estamos destruyendo el Estado a pasos agigantados, no puedo menos que recordarla.

Los acontecimientos en Córdoba de días pasados son un ejemplo terrible de este proceso de destrucción que, por supuesto, tiene muchas facetas.

Los episodios cordobeses — que se están repitiendo como contagio en otras provincias- ilustran al menos dos. Una de ellas es el uso de la fuerza, al interior del propio Estado, para dirimir conflictos.

Este ha sido, sin duda, el caso de la policía de la provincia: resolvió potenciar su negociación con elementos contundentes, lo que constituyó, en esencia, un descomunal chantaje, que dejó inerme al gobierno provincial, evaporando la estatalidad y desprotegiendo barriadas enteras de cordobeses. No ha sido, igual que otras veces, ni la acción de “grupos organizados”, ni el vandalismo, ni la desintegración social, ni el hambre o el deseo de apropiarse de bienes inalcanzables, ni nada de eso, lo que desató el caos.

Lo único que desató el caos, su causa necesaria y suficiente, ha sido esta forma siniestra de suscitar la implosión del Estado.

El Estado es, como nadie debería ignorar, un bien público; su ausencia implica poner en acto un potencial de destrucción tal que todos quedamos desprotegidos, incluyendo a gran parte de los saqueadores que aunque en el corto plazo pueden beneficiarse (casi diría que muchos están siendo empujados a saquear), en un plazo más largo no pueden sino perjudicarse por la destrucción de la que han sido también ellos más víctimas que victimarios.

Claro que no estoy evocando el Estado estrechamente liberal de la ley y el orden (que no cumple siquiera su promesa de suministrar de modo igualitario esos bienes); hoy día, el Estado sufre implosiones en muchas de sus dimensiones (al destruir el Indec, al vaciar de todo contenido la política ambiental, etc.). Pero el modo que discutimos aquí tiene mayor visibilidad y un efecto destructivo de corto y largo plazo. Así como un rasgo particular: este modo de chantaje está directamente ligado a la violencia, precisamente al monopolio legítimo de la violencia, el núcleo duro de la legitimidad estatal.

El quiebre de este compromiso básico del Estado pone en peligro, por tanto, todos los otros, que dependen de él.

Pero hay otro rasgo del problema que no puede ignorarse: la brutal utilización de la gente como masa de maniobra de la disputa política. En este caso, la omisión del gobierno nacional propició, en el vacío creado por la ausencia de las fuerzas policiales, los disturbios que arrasaron la ciudad. Desde este punto de vista, no se trata de un caso excepcional. Vida y hacienda de los argentinos están así sometidos a los caprichos de una contienda insensata.

Y sin embargo, hasta ahora, l os argentinos tendemos a considerar casi normal este tipo de episodios. No los aprobamos, pero, del mismo modo que con las huelgas sin restricciones en los servicios públicos, parecemos resignarnos ante ellos. Hay una cierta tolerancia social, que no sanciona con la gravedad que debe una huelga de policías y en cambio cae pesadamente sobre los efectos de la misma, en este caso los saqueos. Constatación que nos lleva a preguntarnos qué hacer. Para empezar, deberíamos poder crear un piso firme en la opinión pública argentina de repudio sin tapujos de episodios de este tipo, trátese del chantaje a los gobiernos por parte de quienes tienen la encomienda de la seguridad pública, trátese de la manipulación de la gente por parte de los propios gobiernos. Deberíamos, además, convencernos de que es perfectamente posible – con voluntad política e inteligencia – apartar a los cuerpos públicos armados de esta metodología inadmisible. Estos cuerpos no tienen cómo no acatar – sin duda luego de episodios de tensión – a un poder civil determinado y con respaldo popular. En ese sentido, la legislación debería ser revisada para ponerla a la altura de este objetivo.

Por fin, la irresponsabilidad criminal de gobernantes que exponen a la población a mil peligros con tal de sacar provecho del río revuelto debería ser castigada, no solamente en las urnas, sino también en las celdas.

Estamos destruyendo el Estado; como cortar la rama en la que estamos sentados, esta destrucción puede acabar por erosionar fuertemente la convivencia social y la trama de interacciones ciudadanas.

Todavía estamos a tiempo para detener este proceso, no porque no haya llegado lejos, sino porque los medios para hacerlo están a disposición, aunque no se hayan puesto aún en juego.


* Investigador principal del Conicet, miembro del Club Político Argentino. Nota publicada en el Diario Clarín el 10/12/2013

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