Instituciones económicas en la Argentina ¿Y ahora qué? (Parte 1 de 2)

Por Fernando Navajas*

consensoHace 20 años la Universidad de San Andrés agasajaba a una de sus primeras promociones trayendo como disertante destacado al profesor Douglas North, quien por ese entonces recibía el Premio Nobel de Economía por su trabajo en el área de las instituciones y su rol en el desempeño económico. Dos décadas más tarde el IAE de la Universidad Austral acaba de ser el anfitrión de la visita al país del profesor Daron Acemoglu, quien es en la actualidad tal vez el economista más famoso en el campo de economía e instituciones, por volcar las enseñanzas de su vasto material de investigación en un libro de divulgación general (Acemoglu y Robinson, 2012). Pero Acemoglu llega 20 años después en un momento muy diferente. El país viene de transitar una década en donde pasamos del descrédito o relativización de la relevancia de las instituciones económicas (entendidas como un esquema básico de reglas de funcionamiento económico) a un franco deterioro institucional que, en lo económico, tiene ejemplos sobresalientes empezando por las estadísticas oficiales.

Estas notas reflexionan sobre tres aspectos del caso Argentino reciente. En la primera parte se describe un ciclo de disenso y consenso en cuanto a la importancia de las instituciones en los debates. La segunda parte se sitúa en el plano de la lectura o deconstrucción del proceso experimentado en los últimos 10 años, vista como una experiencia populista diferente en cuanto a su duración y contenido. Finalmente se hace una breve reflexión sobre el legado que este proceso le va a dejar al país y el riesgo de que aún superado este ciclo caigamos en un equilibrio o trampa de baja calidad institucional.

Del disenso al consenso sobre las instituciones económicas

En estos 20 años que separan la Conferencia de Acemoglu de la de North, el discurso que enfatiza la importancia de las instituciones económicas para el desempeño de la economía osciló en la Argentina entre situaciones de moda a franco descrédito o, al menos, relativización. La experiencia de los años 90 terminó mal y con ello arrastró al discurso institucional en economía. Es que, paradójicamente, una parte de esta crisis se explicaba por la rigidez institucional creada por el régimen cambiario de la convertibilidad y, por un lado, la incapacidad de la economía de adaptarse a cambios de contexto externo y, por el otro, la incontinencia basada en una expansión fiscal y de endeudamiento insostenible.

Pero el peor momento para el discurso institucional en reuniones de economistas en la Argentina sobrevino luego de la crisis de 2002 y en los primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner. Se relativizaba por entonces el rol de las instituciones económicas, al que se asociaba con el discurso reformista-eficientista emparentado con las reformas de los 90 y con el estereotipo del consenso de Washington, que había entrado en una etapa histórica de descrédito. Aún los muy críticos al gobierno en muchos aspectos aceptaban que con una macroeconomía heterodoxa ordenada se podía crecer sin necesidad (o aún haciendo lo opuesto) de una política microeconómica razonable. Eran los tiempos de qué con un resultado “Macroeconomía 1, Microeconomía 0” (para usar una frase acuñada en la época; ver Laspina, 2004) se aseguraba un buen desempeño. El encuadramiento de la entonces política económica o gobierno en el casillero de “populismo” era algo completamente errado e inverosímil, porque lo relevante era que no había populismo macroeconómico (en el sentido de Canitrot, 1975, o en el de Dornbush y Edwards 1989).

Desde una perspectiva diferente en cuanto a despreocupaciones respecto a las instituciones económicas estaba un grupo de economistas que miraba las regulaciones en infraestructura y energía. Sin negar que los contratos sectoriales (dolarizados) del esquema de los 90 eran insostenibles, se observaba que lejos de plantearse un esquema de salida sostenible y procederse a renegociar contratos para de ahí en más aplicar políticas consistentes con los mismos, o aún en base a reglas generales (de fijación de precios y evaluación de inversiones) que trascienden a la forma de organización sectorial,[1] la política en esos sectores estaba adoptando decisiones intervencionistas discrecionales y marchando lenta pero sostenidamente a un régimen de comando y control del sector que luego podía extenderse a toda la economía.[2]

El punto de inflexión ocurrió a comienzos de 2007. En Febrero de ese año, Alfredo Canavese, Juan Llach y Guillermo Rozenwurcel, lideraron una declaración en torno a la intervención del INDEC y al desplazamiento e inicio de persecución de Graciela Bevacqua, que nucleó inicialmente a más de 200 economistas y otros académicos y profesionales de ciencias sociales y ex directores del INDEC, todos provenientes de diversas orientaciones. El punto de inflexión de 2007 aparece nítidamente en el comportamiento de los mercados y la salida de capitales, mostrando también un consenso respecto de que se había revelado el “tipo” (oportunista, con riesgo expropiador) que tenía el gobierno. Por ejemplo, el mes de Febrero de 2007 es lo que empíricamente se registra en el trabajo de Juan José Cruces y Javier García Cicco (2012; ver Figura 1 abajo) que compara el desempeño del mercado de capitales de la Argentina respecto al del resto de la región, cuando cada país se compara contra un benchmark de referencia que controla por la estructura sectorial del índice bursátil del país.[3]

FIGURA 1

 Valor Empresas

En años posteriores hubo eventos que volvieron a separar y luego a acercar posiciones. Uno de ellos fue la nacionalización de los fondos de pensión en 2008 en donde la brecha se abrió entre aquellos que aceptaron la necesidad de hacer una contra-reforma para lograr mejor cobertura y aquellos que vieron en el anuncio un típico asalto contractual extractivo (a la Acemoglu-Robinson) sobre un sistema imperfecto pero mejor que exponerse a un vaciamiento actuarial. Otro caso, pero esta vez distinto, fue la reforma a la carta orgánica del BCRA en 2012 (cubierto en un ciclo de seminarios organizado por Colectivo Económico) en donde a pesar de las distintas visiones sobre la independencia del Banco y el régimen monetario preferible, tendió a prevalecer un consenso de que se trataba de un franco retroceso institucional en materia de instituciones y estabilidad monetaria.

Pero ambas reformas mencionadas, así como la nacionalización de YPF en 2012, contaron con amplio apoyo legislativo que fue mucho más allá del oficialismo, tal como había ocurrido con la ley de medios. Esto es otro tema, que puede verse desde diferentes ángulos e hipótesis (Novaro, 2013). Desde mi perspectiva el punto de inflexión de la posición de los economistas respecto a las instituciones económicas no es equivalente al del consenso (o falta de consenso) de la clase política. Tampoco es necesariamente lo mismo que debatir sobre el fechado de algún punto de inflexión (en donde el Dr. Jekyll se transforma en el Sr. Hyde) en el desempeño macroeconómico y de la política económica en la Argentina. Para algunos esto vino luego del start-up inflacionario de 2005. Para otros se asocia a la intervención y manipulación del INDEC y al señalamiento que, desde entonces, hicieron los mercados de capitales y la fuga de divisas. Para los economistas de la energía y la regulación de la infraestructura no hay tal punto de quiebre y la década fue un solo período. En igual sentido se ubica el grupo de ex secretarios de energía que, dicho sea de paso, son otro ejemplo de un consenso emergente en la Argentina. El esquema de política vigente y su (des)manejo institucional no cuaja bien en la historia de un gobierno benevolente redistribuidor que es empujado involuntariamente a un modo cada vez más violento de comando y control. En perspectiva luce como un ciclo populista, pero que no puede ser visto bajo el prisma convencional del populismo macroeconómico, que dura poco. Es algo que va más allá, todavía no terminó y cuenta con un muy sustancial y todavía mayoritario apoyo de los votantes. La podremos llamar “la década confundida” (Navajas, 2009) o poner cualquier otro nombre de ocasión. Pero se necesita más análisis y elaboración sobre lo que hemos visto y todavía vamos a ver.

Referencias

Artana D., F. Navajas y S. Urbiztondo (2002), “Una propuesta para renegociar los contratos”, La Nación, 22 de Julio.

Acemoglu D. y J. Robinson (2012), Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New York: Crown Business Group.

Canitrot A. (1975), “La Experiencia Populista de Redistribución de Ingresos”, Desarrollo Económico, Vol.15,No.59, pp.331-351

Cruces J.J. and J. García Cicco (2012), “Grading Latin American Presidents: A View from the Stock Market”, mimeo, Di Tella University, August.

Dornbusch, R., and S. Edwards (1989). “Macroeconomic Populism in Latin America.” NBER Working Paper 2986. Cambridge.

Laspina L. (2004), “Macroeconomía 1, microeconomía 0”, La Nación, 26 de Septiembre. 

Navajas F. (2003), “¿A dónde va la regulación de los servicios?”, La Nación, 26 de Octubre.

Navajas F. (2004), “Planificando la crisis energética”, La Nación, 22 de Marzo, 

Navajas F. (2009), “La década confundida”, Ambito Financiero, 9 de Diciembre. 

Novaro M. (2013), “El Juicio de la Década K: ¿Ganada o Perdida?”, Parte II, Colectivo Económico.

Urbiztondo S. (2005), “Una nota sobre la consistencia económica de la actual administración”, Indicadores de Coyuntura, No.454, Abril, pp. 31-31 


* UNLP-UBA. Resumen de presentación para el seminario “Instituciones y Desarrollo Sostenible” en ocasión de la visita del Profesor Daron Acemoglu, realizado en el IAE-Universidad Austral, Pilar, Miércoles 12 de Junio de 2013. Una versión más completa se publicara en el volumen del Seminario.

[1] Artana, Navajas y Urbiztondo (2002) y Navajas (2003) son ejemplos de posiciones públicas respecto a algunos de estos temas.

[2] En el caso de la energía esto era particularmente cierto y preocupante (Navajas 2004). Esto calificaba el debate sobre populismo sí o populismo no de ese entonces (Urbiztondo, 2005).

[3] Los mercados se desayunaron que lo del INDEC era un repudio a las condiciones contractuales de la renegociación impuesta por el mismo gobierno dos años atrás. Otra vez, como iba a ocurrir con la pseudo-renegociación de los contratos en infraestructura, el gobierno revertía sus propios compromisos hechos aún en condiciones extremadamente favorables.

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