Sobre los desastres naturales y la miopía de los votantes

Por Mariano Rabassa*

inundacionLa ocurrencia de desastres naturales tales como inundaciones y huracanes genera un costo muy importante para cualquier economía. Dicho costo no sólo incluye las pérdidas en infraestructura y demás capital, sino también la pérdida de vidas humanas.

Una vez ocurrido un fenómeno natural extremo es lógico preguntarse qué se podría haber hecho para mitigar su impacto. La conclusión obvia a la que se suele arribar es que una mayor inversión en infraestructura (o infraestructura más adecuada), un ordenamiento territorial distinto, y una mayor inversión en sistemas de alerta y respuesta ante las emergencias, podrían haber evitado parte de los costos ocasionados por estos fenómenos climáticos extremos.

Pero si es tan obvio lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace? Para encontrar una respuesta a este interrogante hay que entender los incentivos que tienen los individuos y los políticos para actuar ante estos escenarios. En primer lugar hay que comprender que la misma definición de fenómeno climático extremo implica que la ocurrencia del mismo es de baja probabilidad. El hecho de que hace pocos días en La Plata haya caído en tres horas la misma cantidad de lluvia que suele caer a lo largo de varios meses, por sí mismo indica que estamos ante la presencia de un fenómeno muy poco frecuente.

Que un fenómeno sea de baja probabilidad no implica que no se pueda prever, al menos en términos de ocurrencia—aunque no sea tan sencillo hacerlo en términos meteorológicos. Esto simplemente indica que el beneficio esperado de invertir en prevención, es decir la reducción de pérdidas futuras multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del evento, pueda ser relativamente bajo en comparación con el costo de realizar la inversión en prevención; el cual es un costo cierto.

Lo que indica la teoría económica acerca del manejo de riesgos es que, ante fenómenos climáticos de muy baja probabilidad podría no ser eficiente invertir ex ante en prevención, aún cuando las pérdidas puedan resultar cuantiosas. Una vez ocurrido un desastre natural (de baja probabilidad pero de consecuencias letales) la ecuación se revierte ex post y, ya con la cuenta a pagar en mano, la gente se pregunta por qué no hubo más prevención.

Los políticos entienden bien estos conceptos y, si su objetivo es el de maximizar el bienestar social, deberían asegurar un nivel óptimo de prevención (aquel que iguale el costo de prevenir con los beneficios esperados de los daños evitados). Obviamente esto no es tan sencillo. Aun cuando los objetivos del político estén alineados con los del ciudadano, poder determinar el nivel óptimo de prevención resulta un ejercicio complejo. No sólo se necesita conocer la distribución de probabilidades de eventos naturales (en este caso de precipitación) sino también los potenciales costos en caso de que estos eventos extremos terminen ocurriendo. A esta complejidad habría que sumarle la existencia de varias alternativas de prevención -obras de infraestructura hídrica, sistemas meteorológicos más modernos, sistema de alarma ante riesgos, o equipamiento para asistencia en emergencias- algunas de las cuales son complementarias y otras no. Claramente la ecuación costo/beneficio es difícil de calcular ex ante.

También es cierto que hay algunos otros factores que complican más esta situación. No siempre los individuos toman las mejores decisiones, aun conociendo la distribución de probabilidad de la ocurrencia de un desastre natural. Muchas veces las ciudades se expanden sobre zonas más vulnerables (zonas bajas proclives a inundarse o propiedades costeras en zonas de huracanes), ya sea por falta de recursos para asentarse en otras zonas o por la esperanza de que en caso de un desastre, sean otros (generalmente el estado) quienes se hagan cargo de las pérdidas.

De más está decir que este argumento no exculpa a los políticos locales, los cuales raramente intentan aplicar este tipo de análisis, y cuyos objetivos raramente se corresponden con la maximización del bienestar social. De hecho, la falta de obras de infraestructura hídricas de importancia, la falta de material adecuado en el Servicio Meteorológico Nacional, la ausencia de un sistema de alerta ante emergencias y la pobre coordinación en las tareas de asistencia, sugieren que el gasto en prevención decididamente es sub-óptimo, cualquiera sea este.

Sin embargo, hay otro hecho que podría desincentivar la inversión en prevención por debajo del nivel óptimo (de nuevo, aquel que iguala costos con beneficios esperados). Esto se debe al comportamiento electoral que tienen los votantes una vez ocurrida una tragedia climática. En un muy interesante trabajo empírico publicado en el American Political Science Review (uno de los mejores journals sobre ciencias políticas), Andrew Healy y Neil Malhotra[1] demuestran que los votantes en los Estados Unidos favorecen a aquellos políticos que gastaron en mitigación ex post (por ejemplo vía la entrega de subsidios a inundados) pero no recompensan (con votos) la inversión ex ante en prevención (como ser la realización de obras en infraestructura hídricas). Todo esto a pesar de que los autores demuestran el gran impacto que tiene cada dólar gastado en prevención en términos de daños evitados aun dentro de un mismo ciclo electoral. Para que se entienda bien, no estamos hablando de daños evitados en cincuenta años. En otras palabras, la inversión en prevención no da votos, pero cuando un desastre ocurre los políticos pueden” zafar” si reparten ayuda.[2]

Según los autores esto se explica, en parte, por la dificultad de los individuos de reconocer cuál sería el contrafactual relevante, es decir, cuáles hubiesen sido las pérdidas sí las obras de prevención no se hubiesen realizado. Por el contrario, calcular las ganancias de utilidad producto de la ayuda que reciben ex post es un cálculo mucho más directo. Por lo tanto, el hecho de que no se recompense (con votos) a los políticos que invierten en prevención presenta evidencia de un comportamiento “miope” por parte de los votantes.

Es de esperar que a medida que estos fenómenos climáticos dejen de ser extremos para convertirse en sucesos más corrientes (algo probable dadas las proyecciones de cambio climático), los beneficios esperados de prevenir deberían crecer en relación al costo de realizar obras de prevención. En esta circunstancia, si los votantes son realmente miopes (recompensando sistemáticamente la ayuda ex post por sobre la prevención ex ante) las pérdidas de eficiencia podrían aumentar considerablemente.

Finalmente, creo que vale remarcar la diferencia entre los casos de fenómenos climáticos extremos con impactos locales del análisis riguroso del problema del cambio climático global. En este último caso, donde existe gran incertidumbre acerca del futuro (tanto en términos climáticos como tecnológicos) y cuyo impacto podría ser potencialmente catastrófico para la raza humana, hacer un análisis de costo-beneficio podría no ser adecuado. Bajo estas condiciones debería prevalecer la prevención (mitigación de emisiones de dióxido de carbono). El interesado en esta línea argumental puede leer el muy buen trabajo de Martin Weitzman.[3]


* Pontificia Universidad Católica Argentina y CONICET. Las expresiones aquí vertidas son netamente personales y no necesariamente representan las ideas de las instituciones a las cuales estoy afiliado.

[1] Healy y Malhotra (2009), “Myopic Voters and Natural Disaster Policy,” American Political Science Review, volumen 103(3): 387-406.

[2] Cabe aclarar que siempre hay que tener cuidado al extrapolar los resultados de un país a otros. Pero el hecho de que suceda esta miopía en una sociedad como la norteamericana la cual valora la organización, es en sí preocupante.

[3] Weitzman (2011), “Fat-Tailed Uncertainty in the Economics of Catastrophic Climate Change,” Review of Environmental Economics and Policy, volumen 5(2): 275-292.

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