Hacia una estrategia de desarrollo fundada en el estado de derecho

Por Guillermo Rozenwurcel*

Además de sus evidentes motivaciones políticas, ámbito en que el gobierno cosechó importantes réditos inmediatos, la expropiación de YPF tendrá ciertamente repercusiones para la marcha de la economía, tanto a corto como a largo plazo. Desde una perspectiva de corto plazo, las razones de la expropiación están directamente vinculadas al progresivo deterioro de los balances externo y fiscal.

Sin embargo, los nuevos recursos que la expropiación facilitará no alcanzarán para estabilizar la situación más allá del muy corto plazo. En efecto, la velocidad promedio del deterioro del balance comercial energético en los últimos 3 años supera los USD 3.000 millones por año. Aun estabilizándose, el nivel del déficit superará los USD 10.000 millones en 2012. Teniendo en cuenta que YPF sólo representa aproximadamente un tercio de la producción de petróleo y algo menos de un cuarto de la de gas, sin un cambio drástico en los precios internos recibidos por los productores la producción no aumentará significativamente y, por ende, el déficit comercial no se revertirá.

Por el lado fiscal la expropiación de YPF constituye una fuente de caja apenas modesta. A los USD 500-750 millones que eventualmente podría apropiarse el gobierno se le oponen subsidios energéticos directos incluidos en el presupuesto 2012 por USD 9600 millones e indirectos por otros USD 2.500 millones, muy superiores, dicho sea de paso, al total destinado a subsidios sociales.

Para evaluar las posibles repercusiones de la expropiación a mediano y largo plazo hay que preguntarse por las razones de la difícil situación energética actual. Aunque el gobierno recién lo admitió ante el hecho consumado, al menos desde mediados de la década pasada las trayectorias cruzadas de oferta y demanda preanunciaban la pérdida del autoabastecimiento energético y el déficit comercial del sector, déficit con el que, tras veinte años de superávit, comenzamos a convivir a partir de 2011.

Aunque su desempeño distó de ser ejemplar, culpar a Repsol-YPF de la actual situación es encontrar un chivo expiatorio para no asumir las responsabilidades de la política energética. En efecto, siendo el actor más importante del sector energético, YPF no es el único. Localmente, la compañía explica sólo el 34% de la producción de petróleo, el 54% de la refinación y el 23% de la producción de gas. Durante el período 2008-2011 no sólo YPF, sino 8 de las 10 compañías más grandes registraron caídas en la producción de petróleo, mientras que 9 de 10 registraron caídas en la producción de gas. Para el conjunto del sector, durante ese período, la caída de la producción de petróleo fue 9% y la de gas 10%.

Las causas de las presentes dificultades deben buscarse, por lo tanto, en la política energética seguida por las sucesivas administraciones Kirchner. En efecto, al mismo tiempo que los subsidios oficiales no se focalizaban sólo en el consumo de los sectores más humildes sino que impulsaban el derroche de los sectores más acomodados, el diseño de la política de tarifas y precios desalentaba la producción local e inducía su sustitución por importaciones.

Al analizar las consecuencias de la expropiación es preciso tener en claro en qué condiciones se encuentra el Estado que expropia, con qué estilo de toma de decisiones funciona, con qué capacidad de gestionar lo público, en función de cuáles intereses. Desde esa perspectiva, el problema es que el Estado que hoy tenemos está desarticulado, con estructuras débiles y torpes y en estado de anomia. Carece de las condiciones apropiadas para realizar una gestión eficaz y eficiente y para el diseño de políticas de mediano y largo plazo que son esenciales para el desarrollo de la actividad energética en general y la hidrocarburífera en particular. Lo mismo acontece con las instituciones estatales de control cuya actividad está desnaturalizada facilitándose, así, la concentración del poder en el Gobierno. Es en este contexto institucional en el cual se expropian las acciones de YPF, y es este escenario el que permite anticipar las problemáticas consecuencias de la decisión.

Es en relación al funcionamiento del Estado, además, que las anteriores políticas privatizadoras y las actuales decisiones de estatizar tienen diferencias pero también semejanzas sorprendentes. En ambos casos se observan resultados de concentración del poder y de prebendarismo en beneficio de particulares y a costa del conjunto social. Pese a que hoy quienes ejercen el poder recurren a la ficción del viejo Estado potente, el de la administración confiable, los procedimientos, los controles y hasta las políticas de largo plazo, en verdad estamos frente a Estado degradado, cuya institucionalidad no es fortalecida ni jerarquizada.

El enorme desafío que hoy afronta Argentina en materia energética es procurar la recuperación del autoabastecimiento. Para ello se requiere una estrategia basada en dos pilares. El primero debe ser un sostenido esfuerzo de exploración, en particular de combustibles no convencionales, teniendo en cuenta que nuestros recursos de este tipo de combustibles parecen estar sólo por debajo de los de China y los Estados Unidos. El segundo, la diversificación de nuestra matriz energética, aumentando la oferta hidroeléctrica, eólica, nuclear y de biocombustibles.

Para encarar con éxito ese desafío se necesitarán niveles de inversión anuales equivalentes a varios puntos del producto, al menos durante el próximo quinquenio. ¿Quién financiará esa inversión? No podrá hacerlo el Estado con sus cuentas públicas en rojo y sin disponer de las tecnologías adecuadas, así que inevitablemente deberá hacerlo el capital privado. Pero en un país donde acaba de concretarse una “expropiación” -si bien legítima innecesariamente hostil-, y en el que no existe la percepción de una mínima seguridad jurídica, la inversión enfrenta altísimos riesgos políticos, que deberán agregarse a los de naturaleza geológica. En ese contexto, las empresas dispuestas a arriesgarse, que dada la naturaleza del negocio petrolero a escala mundial no faltarán, demandarán condiciones contractuales y tasas de retorno acordes a esos riesgos.

Por sí solo, el hecho de retomar el control estatal de YPF (una compañía emblemática, es cierto, pero apenas un jugador relevante entre muchos) está lejos de asegurar que en adelante el país dispondrá efectivamente de una parte sustantiva de las rentas petroleras para destinarlas al desarrollo económico en beneficio del conjunto de la sociedad.

En consecuencia, los réditos políticos y los modestos beneficios económicos que el gobierno capitalizará en el corto plazo tendrán por contrapartida, desde el punto de vista de las perspectivas de desarrollo, elevados costos de largo plazo para el país en su conjunto, costos ciertamente muy superiores a los de una estrategia basada en la estabilidad de las reglas del juego.



* Economista (UNSAM, UBA y CONICET). La presente nota es una versión resumida de un texto elaborado en conjunto con otros colegas y consocios del Club Político Argentino. La versión completa del documento puede consultarse en http://clubpoliticoargentino.org

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