La anestesia a la competencia

Por Fernando Navajas*

Un viejo amigo y respetado economista me ha venido repitiendo en los últimos años que en la Argentina es en vano esforzarse por racionalizar las decisiones de política económica bajo el prisma del análisis económico. Y que todo el esfuerzo que ponemos muchos economistas en “explicar” muchas decisiones que toma el gobierno está severamente contaminado por nuestra creencia ingenua de que quien toma esas decisiones mira o reacciona a relaciones causa-efecto que para nosotros son las relevantes. En este proceso no solamente estamos equivocados sino que además hacemos el servicio gratuito e innecesario de embellecer con análisis y teoría las acciones de un gobierno que es mucho más elemental de lo que creemos. En cambio, su visión de la toma de decisiones en el gobierno es muy básica: esta se realiza con una visión muy limitada relacionada con resolver problemas administrativos que impactan sobre determinadas preocupaciones políticas de muy corto plazo. En este escenario, vale mucho más la información de los detalles del quién y el cómo, que cualquier análisis económico basado en principios generales.

Yo no estoy de acuerdo con esta visión, más allá de mi reacción defensiva a lo que suena como una sugerencia de mi amigo de que me dedique a otra cosa. Más bien yo veo muchas acciones y decisiones de política económica que son perfectamente racionalizables, aunque muchas no puedan justificarse desde un punto de vista económico. Pero, la advertencia de mi amigo invade inevitablemente mi lectura de los datos detrás de muchos anuncios económicos, sean estos macro o micro. ¿Cómo reaccionar frente a un anuncio? ¿Es preferible informarse sobre los detalles políticos del quién y el cómo en vez de (o mejor todavía olvidarse de) elaborar sobre la base del análisis económico?

Esto me lleva de lleno al tema central de esta nota que es la reacción inicial a la denuncia que las autoridades han hecho sobre un supuesto acuerdo colusivo de 5 empresas petroleras en la comercialización de gas-oil. La evidencia mencionada en la denuncia (de confirmarse cuantitativamente) luce tan clara como impactante a los ojos de la gente y se basa en un error grueso y visible en la “gramática” de los precios de cualquier mercado competitivo. Los precios mayoristas o que involucran grandes cantidades como las que compra el sector de transporte no pueden, significativamente y de modo no transitorio, estar por encima de los precios que paga la demanda minorista.

La reacción de mi amigo, basada en su argumento simple sobre cómo funciona la toma de decisiones en el gobierno es que mejor no nos preocupemos demasiado por sofisticar el análisis de defensa de la competencia y las diversas hipótesis de qué explica la práctica observada. Su posición sería básicamente la siguiente: olvídate de la microeconomía simple o sofisticada, de la organización de los mercados y de la teoría de defensa de la competencia. Mejor anda a los detalles del quién y el cómo en un proceso de reacción espasmódica a algún enfrentamiento que viene de arrastre, y así vas a entender mejor el proceso de toma de decisiones. La metodología de mi amigo me lleva a lo que ahora voy a llamar un asesinato a la mexicana (siguiendo a novelistas como Aguilar Camín, 1985). Existe una víctima a la que se quiere atacar y para encubrir el hecho se la rodea en una balacera en donde se agregan varios inocentes que también caen en la redada, con el objeto de disfrazar de enfrentamiento colectivo algo que es esencialmente una operación personal. Salvando las distancias y con el perdón de la terminología (no hay nada criminal en lo que estoy describiendo, que quede claro), la víctima en este anuncio de monopolización es YPF y los transeúntes circunstanciales son las otras empresas. Para alguna de estas (posiblemente Shell) van disparos verborrágicos creíbles (por el enfrentamiento con el gobierno en otros casos) que sirven para esconder el hecho, tan visible como la misma denuncia, que el actor principal en este mercado (YPF) está involucrado en casi dos tercios de las transacciones (ventas) del mercado relevante, lo cual hace el caso muy asimétrico y por lo tanto menos plausible para sostener un acuerdo colusivo (según la teoría que mi amigo no me deja utilizar, ver por ejemplo Ivaldi y otros, 2003). Para la firma líder (YPF) existen disparos muy obvios y de munición gruesa que van en el formato de decirle que se tiene que sentar a arreglar el problema, además de otros mensajes referidos a las inversiones. Para la teoría de mi amigo, esta es la esencia de la toma de decisiones, posiblemente vinculada con algún enfrentamiento originado en el exceso de giro de dividendos llevado adelante por YPF a fines de 2011. El gobierno le estaría señalando que tiene herramientas “regulatorias” para penalizarla si no corrige los desvíos de precios. Pero los desvíos de precios son la excusa –posiblemente verdadera, pero excusa al fin- para algo previo que responde a otra preocupación.

Según mi amigo, los que venimos atrás a racionalizar las decisiones con el arsenal del análisis económico, seríamos el coro de tontos racionales que el gobierno necesita para que se eleve el tono de la disputa en el campo a donde justamente quiere que se juegue el partido. En las palabras de CFK (2011) en su discurso de asunción de la presidencia pro-tempore del Mercosur, seriamos los que “saben mucho…y no entienden nada”.

El problema es que yo tengo una obsesión tan vasca por lo que aprendemos y enseñamos en la universidad que no me entran las balas de mi amigo, o el hecho que CFK diga en público que podría hacer dulce (sic) con los que saben mucho y no entienden nada. Más bien mi idea es que la teoría de mi amigo será muy taquillera, pero nosotros tenemos la obligación de elevarnos y aportar luz sobre fenómenos que corren el riesgo de caer en las fauces de la teoría conspirativa. Ocurre que al margen del proceso de investigación que ahora se ha abierto, existen varios puntos que contribuyen al debate de lo que puede estar sucediendo en el mercado de gas oil. Una de ellas es que la anomalía que el gobierno ahora ha descubierto tras el retiro de los subsidios estaba antes escondida en las transferencias compensatorias del mecanismo de subsidio porque los precios no actuaban como señales representativas de los ingresos por ventas de las empresas. La otra, y más importante para mí, es que la fijación de precios que está emergiendo es simplemente el resultado del aflojamiento de restricciones previamente impuestas por el gobierno y que llevan a que las empresas realicen un rebalanceo de precios que provoca subsidios cruzados desde aquellos segmentos de demanda que (las empresas perciben que) pueden soportar precios más altos hacia aquellos segmentos en donde ocurre lo inverso. El riesgo o la amenaza de intervención regulatoria puede cambiar la gramática de fijación de precios dado el riesgo regulatorio que se enfrenta (ver por ejemplo, Glazer y MacMillan, 1992). Y la amenaza regulatoria puede aparece incorporada de forma pasiva en el formato de la política de defensa de la competencia (Accutt y Elliot, 2007). Pero más allá del uso potencial de la amenaza regulatoria, es la presencia de múltiples restricciones regulatorias, más activas que pasivas, las que han debilitado la competencia en este y en, además, un millón de mercados en la Argentina, y las que pueden invitar a que los precios se muevan al revés de lo que la lógica o la gramática de libre competencia indicaría. Si eso fuera cierto, estamos ante un “error” de evaluación de parte de las empresas, que la denuncia del gobierno va a encargarse de corregir, para que todo vuelva a la “normalidad”. La esencia de lo que estamos viendo no está en los detalles de los actores y sus decisiones. Lo esencial es que tanta intervención desorganizada durante tanto tiempo en los mercados termina anestesiando la competencia, creando reacciones anticompetitivas defensivas o alentando fusiones verticales u horizontales para salvaguardar políticas, empresas o sectores en detrimento de la eficiencia, la innovación y los consumidores que ahora se dice defender.

Referencias

Aguilar Camín, H. (1985), Morir en el Golfo, México: Océano.

Elliott C. & M. Acutt, 2007. “Antitrust Policy: The Impact of Revenue Penalties on Price,” Journal of Industry, Competition and Trade, Springer, vol. 7(1), pages 1-8, March.

Fernández de Kirchner, C. (2011), Discurso de asunción de la presidencia pro-tempore del Mercosur, Montevideo, Diciembre 16.

Glazer A. y McMillan H. (1992), “Pricing by the Firm under Regulatory Threat”, Quarterly Journal of Economics, 107, 3, 1889-99.

Ivaldi M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright y Jean Tirole (2003), “The Economics of Tacit Collusion”.


* Nota publicada en Ambito Financiero el 18 de Enero de 2011.

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