¿Puede un país vivir sin estadísticas económicas?

Por Victor A. Beker

´En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario´
George Orwell

 

 

Este rico laboratorio económico que es la economía argentina permite –para beneplácito de quienes nos desempeñamos como economistas– contrastar hipótesis que en otros países sólo quedan en enunciados teóricos.

Se están por cumplir 4 años desde que el INDEC reemplazó el IPC (Indice de Precios al Consumidor) por el IPD (Indice de Precios Dibujado), el cáncer estadístico hizo metástasis atacando la mayor parte de las series socio-económicas y, sin embargo, el mundo sigue andando. Hasta ahora el experimento demuestra que la respuesta a la pregunta del título es, contra todas las previsiones, afirmativa.

No voy a detenerme en recordar lo sucedido con el organismo a cargo del sistema estadístico nacional porque se supone que el lector lo conoce. Para aquel que le interese, lo remito a los distintos artículos que publiqué sobre el tema a partir de febrero de 2007 y que están recogidos en econociencia.wordpress.com.

Lo que creo que es de interés es analizar el por qué de la persistencia del fenómeno. ¿Cómo puede funcionar un país en pleno siglo XXI sin estadísticas económicas creíbles?

¿Bien público?

Las estadísticas económicas son consideradas un bien público. Lo son claramente en cuanto a la condición de no rivalidad: su costo de producción es independiente de la cantidad de personas que lo utilicen. Pero pueden ser un bien exclusivo: pueden ser suministradas sólo a quienes paguen por el acceso a ellas, por ejemplo. No constituyen, por tanto, un bien público puro.

Esto explica que una vez que el Estado desiste de ofrecerlo, su lugar sea ocupado por la oferta privada. Eso sí, dado que su costo marginal de producción es cero, su precio deberá ser mayor al costo marginal, con la consiguiente pérdida en términos de bienestar.

Es cierto que tampoco se trata de sustitutos perfectos. Ninguna institución privada está en condiciones de utilizar la masa de recursos que empleaba el INDEC para producir sus estadísticas. Para ser rentable, la producción privada debe limitarse a un producto de menor calidad (menos variedad de productos, menor número de puntos de venta visitados).

Pero para la gran mayoría de los agentes que deben tomar decisiones económicas lo más importante no es tanto la precisión como el orden de magnitud. Si bien es importante saber si la suba del IPC en 2010 fue del 25, del 24 o del 26 por ciento, lo decisivo es saber que está en ese entorno, muy lejos del 11 por ciento que difunde el INDEC.

Digamos de paso que si se tiene en cuenta la diferencia de magnitud entre una y otra medición, se advierte que estamos en presencia de un nivel de distorsión para nada comparable con el que encontró la Comisión Boskin en Estados Unidos, donde detectó que el IPC había sobreestimado la tasa de crecimiento anual de los precios en…1,1 por ciento. [1]

En realidad, lo que el experimento argentino ha permitido constatar es que más que la precisión lo realmente importante es la carencia de sesgo sistemático. Es cierto que a las estadísticas públicas se le exige precisión, pero ello es así porque por añadidura garantiza su carácter insesgado.

Ello explica que la falta de información económica confiable por parte del Estado nacional, haya sido suplida por la proveniente de fuentes alternativas.

Es así, por ejemplo, que el convenio firmado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) con la mayoría de las terminales automotrices y con varias fábricas autopartistas incluye una cláusula que establece que a partir del 1° de abril de 2011 las partes negociarán la actualización de los salarios “teniendo en cuenta, entre otras fuentes, el IPC UBA correspondiente al trimestre enero/marzo de 2011”, refiriéndose así al índice que elabora Buenos Aires City.

Los bonos públicos ajustables

Otro efecto de la manipulación de los índices económicos ha sido la distorsión en la evolución de los bonos ajustables.

Por un lado, tenemos el caso de los bonos ajustables por CER. Si bien la manipulación del IPC ha implicado una evolución del índice de ajuste muy por debajo de la inflación real, por otro lado se ha mantenido en niveles similares a la tasa Badlar. Por lo tanto, a los efectos del único uso que hoy tiene el IPC oficial –servir de base para el cálculo del CER-, el mismo se ha movido en consonancia con la principal alternativa de actualización financiera.

Por otro lado, está el cupón atado al crecimiento del PBI. Dado que uno de los efectos de la subestimación de la evolución del IPC ha sido una sobreestimación del aumento del PBI, esto ha traído un inesperado beneficio a los tenedores de dicho cupón que, obviamente, no van a reclamar por dicha distorsión. Quien tenga una cartera adecuadamente balanceada de ambos tipos de activos podrá tener un resultado neutro.

Por tanto, los efectos disruptivos de la manipulación sobre el mercado financiero se encuentran por ahora acotados sin perjuicio de las acciones judiciales que en un futuro puedan presentarse.

Pobreza e indigencia

Uno de los efectos colaterales de la subestimación de la evolución del IPC ha sido la grosera subestimación del número de pobres e indigentes, dato fundamental para diseñar las políticas publicas para reducirlos.

Las estimaciones de pobreza se realizan calculando el valor de la canasta necesaria para que un hogar satisfaga las necesidades básicas. Esto define la llamada Canasta Básica Total, cuyo valor establece la llamada ´línea de pobreza´.

Del mismo modo, se determina la Canasta Básica Alimentaria que se utiliza para establecer la ´línea de indigencia´.

La valuación de dichas canastas se efectúa mes a mes en base a los precios que se utilizan en la elaboración del IPC. Por tanto, la subestimación de dichos precios lleva a similar subestimación de las respectivas canastas y, por ende, de la cantidad de hogares y de personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirirlas.

Sin embargo, afortunadamente, los datos del INDEC no son tenidos en cuenta por los encargados de elaborar las política sociales que utilizan sus propias estimaciones. Así, al momento de calcular los recursos necesarios para la Asignación Universal por Hijo, se partió de estimar un nivel de pobreza cercano al 30% -coincidiendo con el nivel calculado por fuentes privadas- y no del 13,9% que estimaba en ese entonces el INDEC. [2]

Salarios reales

En una economía semi-indexada como es la de la Argentina actual, la subvaluación del índice oficial de precios debería llevar a fuertes caídas en el salario real si dicho índice se utilizara en los ajustes salariales. Nada de eso ha ocurrido.

Como se señala en el informe de la UBA sobre el INDEC ´la pérdida de credibilidad de los indicadores oficiales de precios llevó al abandono de cualquier referencia a ellos en las discusiones salariales. Los salarios nominales crecieron muy por encima de la evolución del IPC informado por el INDEC, sin que ni trabajadores ni empresarios parezcan juzgar que se trató de un agudo incremento en el poder de compra de las remuneraciones´. [3]

Por supuesto, el IPC-INDEC tampoco se utiliza para el ajuste de otros contratos como los de alquileres, por ejemplo.

Conclusiones

El experimento argentino arroja la (poco tranquilizante) conclusión que se puede sobrevivir sin estadísticas públicas confiables.

Claro está que el caso argentino presenta algunas particularidades significativas. En primer lugar, la existencia de oficinas provinciales de estadística, centros de investigación y consultores privados con experiencia en la elaboración de índices de precios que han podido suplir la falencia oficial.

Ello tiene que ver con el hecho de ser Argentina un país con una larga historia de inflación donde el pronóstico de la misma ha sido un ejercicio rentable para el sector privado aún en tiempos en que se disponía de estimaciones oficiales creíbles. Por tanto, fue relativamente sencillo convertir lo que era un intento de anticipar el índice oficial en un instrumento de reemplazo de éste. En otros casos, se trató simplemente de utilizar el capital humano formado por el Estado y dejado de lado por éste y utilizarlo para suplir la deserción oficial.

El desarrollo de un sistema paralelo de estadísticas al interior del sector público ha permitido hasta ahora evitar los peores efectos de la manipulación estadística sobre las políticas públicas. Ello ha implicado, de hecho, una forma embrionaria de competencia dentro del sector público, estrategia que he preconizado en otra parte como forma de mejorar la calidad de la gestión estatal. [4]

Por tanto, las consecuencias negativas de la distorsión de las estadísticas han sido hasta ahora menores que las esperadas. Esto explica su permanencia en el tiempo. Pero recordemos que toda contrastación es necesariamente provisoria y siempre puede aparecer una refutación. Esperemos que el experimento concluya antes que sea demasiado tarde.


[1] La mención viene a cuento de que el ministro Boudou pretendió comparar las discusiones respecto al IPC en Argentina con las que dieron lugar en Estados Unidos a la creación de la llamada Comisión Boskin. Sobre ésta, puede verse el artículo de Robert J. Gordon en http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/gordon/346.pdf

[2] Véase http://fortunaweb.com.ar/segun-un-calculo-privado-la-asignacion-por-hijo-demuestra-que-la-pobreza-supera-30/

[3]  Véase http://www.uba.ar/download/informe.pdf, pág. 20.

[4] Véase Beker, V. A. (2005). Estado y mercado: verdaderas y falsas antinomias. Ed. Ariel, Buenos Aires, pág. 120.

 

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