Una transición inconclusa*

Por Daniel Heymann y Adrián Ramos

Pasada la traumática debacle del régimen de convertibilidad, la política económica privilegió acotar la apreciación de la moneda, con el comprensible criterio de establecer una referencia para los precios nominales y relativos, y de eludir los riesgos de la volatilidad cambiaria en una economía que todavía mostraba rastros de la inestabilidad macroeconómica reciente. Así, el sendero de recuperación de la demanda interna y de ajuste del tipo real de cambio tendría como elemento una suba del nivel de precios internos. De por sí, la elección de sostener el tipo de cambio nominal excluía políticas que privilegiasen en forma estrecha a la estabilidad de precios (como el esquema teórico de metas de inflación con tipo de cambio flotante). Pero eso no excluía una convergencia a un entorno de baja inflación, una vez que se produjese la transición del nivel de precios. Sin embargo, en el contexto de una marcada expansión económica, el deslizamiento del nivel de precios derivó en un proceso de sostenida inflación.

La inflación de los años 2000 se distingue en forma nítida del régimen de alta inflación de viejo cuño que la Argentina sufrió en períodos previos. El combustible de la monetización en gran escala del déficit fiscal estuvo ausente: aunque el impuesto inflacionario alcanzó niveles no triviales y el señoreaje contribuyó de manera significativa como mecanismo de apropiación de recursos por parte del sector público, la mayor parte de esos fondos fueron utilizados en la acumulación de reservas internacionales. Además, el elevado superávit comercial y un volumen significativo de reservas internacionales permitieron al Banco Central mantener la evolución del tipo de cambio bajo control. La demanda transaccional de dinero se mantuvo en niveles elevados y no exhibió perturbaciones pese a la presencia de shocks internacionales e incertidumbres de naturaleza política.

¿Por qué preocuparse por una tasa de inflación que, para los estándares del país se mantenía en niveles moderados y que, durante la mayor parte del período, pudo ser vista como la contracara de un elevado crecimiento? Tras la dramática disrupción del año 2002, la referencia usual a tasas de inflación anuales sugería que el público no percibía demasiada incertidumbre de precios en períodos temporales de ese orden de magnitud. Hasta fines de la década, la anticipación de cambios en el nivel agregado de precios no pareció desempeñar un papel sustancial en las decisiones cotidianas, y no se percibió una fuerte “demanda por estabilidad” en el público, en el sentido de pedido de acciones de política al respecto aun cuando pudieran implicar algún sacrificio inmediato de objetivos reales.

Esta tolerancia social por la inflación puede haber estado relacionada con la falta de referencias de largo plazo heredadas de la crisis: no era probable que el cortoplacismo como rasgo de las conductas económicas cediera rápidamente. En consecuencia, el surgimiento de la inflación no perturbó a un entorno de previsibilidad establecido al que los agentes estuviesen acostumbrados. Sin embargo, es probable que la inflación haya desalentado el alargamiento de los horizontes económicos, y es desde esa perspectiva que aparecía como un costo relevante en la búsqueda de una tendencia de crecimiento (Heymann, 2006).

La inflación afecta la forma y la duración de los contratos financieros (Heymann y Leijonhufvud, 1995). La experiencia del país en los años noventa mostró vívidamente los problemas de utilizar una moneda extranjera como unidad de cuenta. En el período post-crisis, la indexación formal (que permanecía sujeta a algunas restricciones legales) no surgió como alternativa, aun antes que el público empezase a desconfiar de los índices oficiales. La dificultad para anticipar tendencias de precios restringió el desarrollo de la contratación nominal más allá del corto plazo. El pequeño sector financiero pudo sobrellevar los impactos de shocks domésticos e internacionales. Pero, con una visión prospectiva, sería difícil extrapolar al futuro las condiciones especiales de la primera etapa de la fase de expansión (amplios volúmenes de capital sub-utilizado, elevados márgenes de beneficio), que redujeron la significación del crédito y la intermediación como expediente para financiar la producción y la inversión. Desde el punto de las perspectivas del crecimiento, aparecía como condición importante la extensión del período temporal sobre el cual pudieran formularse expectativas más o menos precisas sobre los precios agregados.

Más que manifestarse preocupado por la inflación, con el paso del tiempo el gobierno reforzó la señal de que privilegiaría el crecimiento de la demanda agregada, independientemente de la evolución de las variables nominales. Después de un cuatrienio (2007- 2010) de tasas de suba de precios en la vecindad del 20% (mucho mayores, por cierto, a las registradas en el IPC del GBA), incrementos ulteriores de ese orden de magnitud se incorporaron a las expectativas, y los agentes económicos no descartaban la probabilidad de aceleraciones. Hacia 2010, la atención comenzaba a focalizarse en la evolución de tasas de inflación mensuales, aunque la perspectiva de ritmos moderados de depreciación nominal funcionase, en lo inmediato, como un ancla de corto plazo para las expectativas.

A lo largo de las décadas, Argentina experimentó con formas extremas del diseño y el marco institucional de las políticas macroeconómicas. Como caso límite de simbiosis monetaria-fiscal y de gestión irrestricta de políticas, los episodios hiperinflacionarios mostraron las disrupciones asociadas con regímenes donde, de manera general, el banco central opera como una agencia para el financiamiento monetario de un gobierno constreñido al “día a día”, y que responde a presiones y demandas varias. Simétricamente, el experimento de la Convertibilidad puso de manifiesto los problemas de un esquema de objetivos únicos basados en reglas estrictas, que limitaban la capacidad de las políticas para procesar errores y perturbaciones externas, y donde los “costos de salida” eran, de hecho y por designio, tan elevados para que la capacidad de manejo de políticas pudiese solamente ser recuperada después de un colapso económico. Las crisis financieras y las recesiones profundas, como las que marcaron el final de la Convertibilidad, y el crash internacional reciente, enfatizan la relevancia de mantener flexibilidad de políticas. Además, estos episodios, resaltan el hecho de que, en última instancia, las políticas macroeconómicas tienen objetivos múltiples y actúan en forma conjunta, más allá de las pautas de procedimiento destinadas a inducir una división del trabajo y distribuir responsabilidades entre agencias e instrumentos de política (Basco et al., 2007).

Las proposiciones relativas a la “divina coincidencia” que tratan de proveer respaldo analítico a los sistemas monetarios estrecha y únicamente comprometidos al cumplimiento de metas de inflación –argumentando que la estabilización de precios llevaría por sí sola a estabilización del producto real- se verifican sólo en casos especiales (véase, por ejemplo, Blanchard y Galí (2005), Blanchard et al. (2010)). No se debería presumir que las políticas monetarias puedan o deban desentenderse de los niveles y volatilidades de las variables reales y sus trade-offs con la tasa de inflación, ni tampoco ignorar vaivenes de las valuaciones de riqueza y de las posiciones de endeudamiento que pueden afectar a la estabilidad financiera. En un período signado por una aguda crisis internacional estos argumentos de relativo sentido común han ganado bastante circulación y aceptación. Pero, al mismo tiempo, una política que pretenda estar focalizada exclusivamente en objetivos reales adolece de la ausencia de anclas nominales definidas (vistas en el sentido pedestre de las variables que se permitiría retrasar en términos reales cuando se quiere actuar sobre la tasa de inflación), y puede entonces terminar operando contra el logro de sus propios objetivos.

El diseño y la gestión de sistemas con anclas múltiples que permita flexibilidad para repartir la tarea de regular la inflación entre varios instrumentos de política mientras se evita la inestabilidad de precios parecerían requerir una administración sutil de disyuntivas. Esto requiere una comunicación efectiva de los criterios de política para así guiar la formación de expectativas. Un sistema que busque facilitar decisiones privadas a lo largo de horizontes más o menos extendidos necesita mecanismos de realimentación que vayan desde la tasa de inflación a las variables de política de modo de reducir los desvíos de alguna tendencia objetivo de largo plazo para que, más allá de sus valores numéricos precisos y de la existencia de “cláusulas de escape” para el manejo de shocks en el corto plazo, los agentes puedan confiar que la tasa de inflación va a exhibir “reversión a la media” y actúen en consecuencia. En la transición de política de Argentina en la década de los 2000, esos mecanismos no actuaron de manera efectiva. Un tipo de cambio nominal con variaciones moderadas, la esterilización monetaria y los superávits fiscales (junto con referencias salariales, subsidios e intervenciones en los mecanismos de determinación de los precios) no llegaron a definir un régimen macroeconómico capaz de generar un sendero predecible para los precios.

La configuración de las decisiones de política implicó que no hubiera una agencia gubernamental específica, o un conjunto de agencias que asumiera una responsabilidad precisa por la evolución de la tasa de inflación. La política fiscal mantuvo superávits de envergadura hasta 2009, pero el gasto real y nominal del gobierno creció a tasas muy elevadas y, aunque también se verificó un rápido incremento en la recaudación tributaria, ello no restringió demasiado el alza del gasto privado. El rápido crecimiento de la demanda doméstica fue un objetivo prominente del gobierno, con vistas a mantener tasas elevadas de crecimiento (a ritmos calificados a veces como “chinos”). Las actitudes de política en la segunda mitad de la década parecieron minimizar los efectos de la demanda en la inflación, o atribuir las subas de precios a conductas oportunistas de los oligopolistas, que requerían un tratamiento caso por caso a través de la regulación directa o de negociaciones gubernamentales con las firmas. Una proposición también influyente era que el modo preferible de lidiar con las presiones inflacionarias era a través del incremento de la oferta, y por tanto, de la inversión; para esto se apuntaba a los incentivos provenientes de una demanda sostenida y de una amplia disponibilidad de crédito (generada a través de la expansión monetaria, si fuese el caso). Estos argumentos llevaban bien lejos su rechazo del monetarismo y de las políticas de contracción económica, y su negativa a identificar a la inflación como problema (o incluso como fenómeno observable).

La organización del Banco Central heredada de la carta orgánica votada en 1992 estuvo basada en la noción de separación estricta entre la política monetaria y la fiscal e independencia del Banco Central. En su origen esta estructura formal, vinculada como lo estaba al esquema de caja de conversión, fue pensada para establecer la “dominancia” de una política monetaria suficientemente restrictiva sobre el resto de las políticas macroeconómicas. En contraste, a fines de los años 2000, el enfoque adoptado parecía haberse desplazado hacia el extremo opuesto de una amplia flexibilidad monetaria, no demasiada consideración por los objetivos nominales y una estrecha interacción con otras políticas, sin excluir la acomodación de las demandas provenientes del fisco. El primer sistema era incapaz de “doblarse”, y se quebró; el otro era propenso a exhibir un sesgo inflacionario.

La inflación es, al mismo tiempo, un síntoma y una causa de conflictos e inconsistencias de comportamiento, manifestadas en presiones sobre las políticas económicas y en mecanismos de realimentación diversos entre precios, salarios y variables monetarias, fiscales y cambiarias. De algún modo, para reducir una inflación en curso, los conflictos e inconsistencias subyacentes tienen que ser enfrentados: la estabilización puede ser vista como un proyecto de “inversión social”, que requiere el apoyo de grupos que valúan positivamente los beneficios futuros a ser obtenidos, y que tienen la disposición de respaldar un conjunto concreto de políticas que puedan coordinar efectivamente las conductas y expectativas individuales e implementar decisiones acerca de los precios relativos macroeconómicos, la configuración de las políticas fiscales y las reglas y los procedimientos de manejo del sistema monetario. Desde esta perspectiva, el tratamiento de la inflación en la Argentina aparece como parte de una renovada búsqueda de un marco macroeconómico capaz de contribuir a establecer un sendero de crecimiento sostenido, después de un período de transición que combinó rasgos novedosos con cuestiones que han sido tradicionales en la historia económica del país.

Referencias:

Basco, E., Castagnino, T., Katz, S. y Vargas, S. (2007): “Política monetaria en contextos de incertidumbre, cambio de régimen y volatilidad pronunciada”, Estudios del BCRA, Nro.4.

Blanchard, O. y Galí, J. (2005): “Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model”, CEPR Discussion Papers 5375.

Blanchard, O., Dell´Aricia, G. y Mauro, P. (2010): “Rethinking Macroeconomic Policies”, IMF Staff Position Note.

Heymann, D. (2006): “Buscando la tendencia: Crisis y recuperación en la Argentina””, CEPAL Buenos Aires, Documento de trabajo.

Heyman, D. y Leijonhufvud, A. (1995): High Inflation, Oxford University Press.

*El texto está basado en la sección final del trabajo: “An Unfinished Transition: Inflation and Macro Policies in Argentina Post- Convertbility”, de D. Heymann y A. Ramos, Documento de Trabajo 104, Departamento de Economía UdeSA

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